Tanto en España como en Derecho comparado se ha sustanciado un debate doctrinal y jurisprudencial muy importante en torno a dos cuestiones relacionadas con la educación diferenciada por sexos. Se ha planteado si este modelo educativo es o no discriminatorio y, de no serlo, si procede o no su financiación pública. Estas consideraciones son analizadas en este artículo una vez que el Tribunal Constitucional español ha sentado doctrina a través de la sentencia de 10 de abril de 2018, doctrina contradicha por la actual Ley de Educación del 2020.
