Movilidad colaborativa y servicios de transporte de personas: un análisis desde el Derecho Administrativo

Abstract

Este capítulo de libro tiene por objeto adentrarse en un concepto ampliamente empleado en todos los foros pero de una enorme confusión como es el de economía colaborativa y sus consecuencias en el ámbito del transporte y la movilidad. Con esta finalidad, la primera parte está dedicada a reflexionar sobre qué debe entenderse desde el Derecho por economía colaborativa, con apoyo en los numerosos documentos de la Unión Europea al respecto que, en lo esencial, prescinden de la perspectiva económica para centrarse en la intermediación que se realiza a través de plataformas digitales. Sin embargo, en el sector del transporte de personas resulta imprescindible diferenciar el régimen jurídico del servicio que se realiza y el propio de las plataformas digitales: mientras que estas últimas prestan servicios de la sociedad de la información que están amparados por las libertades comunitarias de circulación y establecimiento, los servicios de transporte están sujetos a una rigurosa reglamentación comunitaria y nacional (estatal, autonómica y municipal), que explica su exclusión del ámbito de aplicación de la Directiva de Servicios. Así ha tenido ocasión de señalarlo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, especialmente en su sentencia de 2017 relativa a Uber España. Sobre la base de estas distinciones generales, el estudio se adentra en las diferentes modalidades que han sido catalogadas como de economía colaborativa (compartir un vehículo de forma sucesiva, por asientos, los servicios de arrendamiento con conductor, y las diferencias con el servicio de taxi que tanto conflicto ha generado) para concretar cuál es el régimen jurídico aplicable en cada caso y, especialmente, analizar si sólo existe un servicio de la sociedad de la información o, por el contrario, se presta un servicio de transportes que deberá ajustarse a la correspondiente normativa reguladora.